24. El Banco Central Europeo es una de las instituciones centrales de la Unión
Europea. Su papel se centra en el desarrollo y control de la política monetaria y es, por
ello, una clave fundamental para la superación de la crisis financiera actual. El BCE
debe promover la estabilidad financiera y generar así el marco que se requiere para
favorecer el desarrollo económico. Con esa finalidad, hay algunas reformas muy
necesarias.
25. Se debe mejorar la transparencia del BCE mediante la publicación de las actas
del Consejo de Gobierno y de las predicciones de inflación: otros bancos centrales
mantienen políticas de mayor transparencia que el BCE. Tras reunirse para modificar
los tipos de interés, publican el sentido del voto de las personas con poder para tomar la
decisión así como el contenido de sus argumentos. Esta transparencia daría más
credibilidad a las decisiones del BCE, permitiendo disponer al público de toda la
información en la que se sustentan.
Con respecto a las previsiones de inflación, sería necesario conocer el modelo
que se utiliza para realizarlas, así como establecer un rango de probabilidades entre
distintos escenarios.
26. Proponemos un Consejo de Gobierno del BCE menos numeroso y más
independiente. El Consejo de Gobierno del BCE es el órgano que toma las
importantísimas decisiones de política monetaria, de mantener o modificar los tipos de
interés, para el conjunto de la zona del euro. Lo forman los 6 miembros del Comité
Ejecutivo del BCE más los 15 gobernadores de los bancos centrales nacionales de los
países de la zona del euro, es decir, 21 personas. Es un grupo excesivamente numeroso.
Lo será aún más con las sucesivas ampliaciones de la Unión Monetaria, pese al sistema
de rotación previsto para el voto. Cada nuevo gobernador asistirá a las reuniones del
Consejo e incluso con la rotación en el uso del voto habrá 21 votantes. Sería mejor
limitar la decisión a un grupo menor y del máximo nivel de conocimientos.
27. Proponemos reformar el objetivo de inflación que persigue la política
monetaria común del BCE. Un 2 % de inflación, medida a partir del Índice de Precios al
Consumo Armonizado (IPCA), como tope máximo es un objetivo demasiado
restrictivo. El 2 % debería ser el centro de una banda de fluctuación, permitiendo sin
intervenir fluctuaciones de un punto porcentual en torno al valor central. Además del
IPCA, el Banco Central Europeo debería considerar otros elementos, en especial el
precio de los activos financieros e inmobiliarios para poder actuar con prontitud cuando
se generen burbujas especulativas como la que ha dado lugar a la crisis actual. Debería
hacerse explícito también que la política monetaria tendrá en cuenta la producción y el
empleo, no sólo la inflación, entre los objetivos que guían su toma de decisiones.
28. Proponemos dar al BCE el papel de supervisor bancario. Actualmente la
supervisión bancaria en los países de la zona del euro reside en los bancos centrales
nacionales. La reciente experiencia de la crisis financiera ha puesto de manifiesto que la
multiplicidad de los regímenes de supervisión ha sido aprovechada por algunas
entidades crediticias para escapar del rigor y la prudencia que se requieren en los
mercados financieros. Por ello, y teniendo en cuenta el carácter internacional de las
operaciones financieras, el BCE debería coordinar la supervisión que ejercen los bancos
centrales nacionales, armonizando sus normas y acordando las mejores prácticas en este
terreno.
29. Proponemos reformar el Pacto de Estabilidad, dando más flexibilidad a los
países con poca deuda pública. En su diseño actual, el Pacto sólo tiene en cuenta el
déficit público. Esto es un error, pues se trata de la misma manera a países con
gobiernos muy endeudados y a otros que lo están poco. Los segundos deberían tener un
mayor margen permitido para incurrir en déficit público.
30. Proponemos la reforma del Pacto de Estabilidad mediante la introducción de
penalizaciones no económicas. Tal como está diseñado, el Pacto adolece del defecto de
que penaliza económicamente a gobiernos que ya atraviesan por dificultades
presupuestarias, lo que contribuirá a agravar sus problemas. Una alternativa consistiría
en introducir penalizaciones no económicas para los gobiernos infractores, como una
disminución temporal del poder de voto en el Consejo de la Unión Europea.
31. Proponemos mejorar la coordinación de las políticas fiscales entre sí y con la
política monetaria, creando una gobernanza económica europea. Las políticas fiscales
de los Estados miembros de la Unión Europea son diferentes entre sí. Ello puede dar
lugar a contradicciones con la política monetaria común y, en una situación de crisis, a
reacciones proteccionistas incompatibles con los objetivos de creación de un espacio
económico común. Por ello es necesario progresar en la coordinación de las políticas
fiscales, singularmente en el terreno de la armonización de algunos instrumentos
impositivos, como el impuesto de sociedades, y también de las intervenciones públicas
horizontales o sectoriales.
También las instituciones europeas que pueden definir un marco común de
actuación en el terreno económico deben reforzarse hasta lograr un sistema de
gobernanza del que participen todos los estados miembros.
