Justicia, Inmigración, Sanidad y Ciudadanía Europea

Desarrollo de un marco común sobre Justicia, Ciudadanía Europea e Inmigración y Sanidad

8. UPyD defenderá el desarrollo práctico de la iniciativa legislativa por parte de
los ciudadanos de la UE, potenciando iniciativas ciudadanas para proponer proyectos de
ley, y desarrollando la noción de “democracia electrónica”. Propondremos la creación
de centros públicos locales para la asesoría legal y apoyo operacional (traducciones,
acceso a documentación relevante en los distintos Estados miembros) para que los
europeos puedan desarrollar verdaderas iniciativas ciudadanas susceptibles de ser
apoyadas por ciudadanos de los distintos Estados miembros de la UE.

9. UPyD apoyará la unificación práctica de estándares y procedimientos comunes
en el funcionamiento jurídico de la UE y de cada uno de sus Estados miembros. Esta
unificación resulta esencial para sincronizar legislaciones nacionales en multitud de
ámbitos y asegurar la cooperación real en casos de extradición y entrega de presuntos
delincuentes y terroristas, que ahora se amparan en los recovecos de los diferentes
marcos legales vigentes en la UE para evitar la acción de la justicia. La unificación de
los estándares y procedimientos comunes está necesariamente ligada al desarrollo
jurídico y político de la noción de Ciudadanía de la Unión Europea.

10. Defendemos la transferencia a la UE de la gestión de las políticas de
Ciudadanía e Inmigración, estableciendo un Servicio Europeo de Inmigración que
implemente las políticas de integración y de visados comunes, en consonancia con la
realidad del espacio Schengen y en colaboración con la Agencia Europea de Protección
de Fronteras (FRONTEX) y con la Agencia Europea de Cooperación Internacional
(EuropeAid). UPyD propondrá la implantación en España de una sede permanente del
FRONTEX con base en las Islas Canarias, que gestione y coordine la vigilancia
fronteriza en aguas del Atlántico medio y área subsahariana. Propondremos también que
el Parlamento Europeo supervise y refuerce la cooperación con instituciones regionales
europeas dedicadas a la lucha contra el Crimen Organizado, tales como EUROPOL,
INTERPOL, y los centros multinacionales especializados SECI y MARRI (con sede en
Bucarest y Skopje, respectivamente). Ello posibilitará reducir el actual grado de
desconexión y descoordinación entre Estados europeos, de lo que se benefician las
mafias internacionales de creciente presencia en la UE y en España en particular.

11. UPyD apoyará medidas que favorezcan el desarrollo económico y social de
las Regiones Ultra Periféricas RUP, según se plasma en el artículo 299.2 del Tratado de
la Unión, aprovechando sus valiosas posiciones geoestratégicas para la UE y su cercanía
a potenciales mercados como África y Latinoamérica, y como plazas de garantía
jurídica para la implantación de plataformas comerciales de carácter internacional.

12. UPyD entiende que la UE debe asumir las competencias exclusivas en política
de Inmigración, estableciendo un sistema coherente de estándares comunes (legales y
procesales) a aplicar, y creando un sistema europeo unificado de centros (de acogida y
atención, y de detención de las mafias que organizan el trafico de seres humanos) para
articular y coordinar el trabajo de los organismos y agencias europeas especializadas en
asistencia y seguridad. Promoveremos que la UE desarrolle e implemente una estrategia
de concienciación de la opinión pública europea sobre la importancia de la inmigración
ordenada, impulsando políticas de integración y de relación cultural con los países
origen de la inmigración, y también de respeto de los valores democráticos europeos por
quienes emigran a la UE. Entendemos que la futura política europea de inmigración ha
de construirse de la mano de una acción europea general en materia de ayuda al
desarrollo y de co-desarrollo.

Apoyamos la Europa social y la protección de los derechos humanos en todo el
mundo, por lo tanto rechazamos firmemente la Directiva de retorno de inmigrantes
ilegales aprobada por el Parlamento Europeo en el año 2008, debido a que aborda la
compleja realidad del fenómeno migratorio exclusivamente desde el punto de vista de la
seguridad. Entendemos que es difícil compaginar el derecho de cada Estado a controlar
sus fronteras y el derecho de los inmigrantes a desplazarse y establecerse libremente en
cualquier país de la UE, pero es una obligación democrática buscar un equilibrio que
articule el ejercicio de ambos derechos sobre la base del respeto a los derechos
humanos. Nos comprometemos a dar prioridad a la reparación de los daños que este
retroceso social ha generado en el ámbito comunitario y promoveremos la formulación
de una nueva política común de inmigración que tenga como piedra angular el respeto a
los derechos humanos.

13. UPyD defenderá que el Parlamento Europeo asuma la tarea de diseñar y
supervisar la implantación de un “Programa Europeo de Integración Social y Laboral de
la Inmigración dentro de la UE”, acompañado de una “Carta Europea de Derechos y
Responsabilidades de los Inmigrantes”, de modo que dicho programa sea aplicado en
todos los Estados de la Unión, coordinando las distintas políticas implicadas en el
marco del territorio de la UE, supervisando el uso comunitario de los recursos
necesarios y desarrollando una comunicación y colaboración reforzada con los países de
origen de la emigración a la UE. En este campo, impulsaremos el desarrollo de un
Sistema Europeo Común de Asilo y de una estrategia común de lucha contra las mafias
que perpetran los delitos de tráfico de Seres Humanos, de inmigración ilegal, de
explotación sexual y de tráfico de órganos, prestando especial atención a la protección
de menores y mujeres, en consonancia con los Protocolos de Palermo auspiciados por la
ONU, y de los que la UE es signataria.

14. Para implementar la noción de Ciudadanía de la UE, impulsaremos la
prohibición de que los Estados miembros de la UE puedan suspender, o limitar en el
tiempo, derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión, tales como la
imposición de moratorias para la libre circulación y establecimiento de trabajadores
dentro de la UE, que ha dado origen a la segregación entre ciudadanos de primera y de
segunda en Europa, violando la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

15. Ligado también al impulso de la Ciudadanía europea, y como paso adicional
para combatir la crisis demográfica de la UE, UPyD propondrá la unificación en la
Unión de un permiso de maternidad mínimo de 20 semanas, en el que las mujeres y
hombres trabajadores (asalariados o autónomos) reciban su salario pleno, al tiempo que
se promueve el establecimiento de horarios flexibles para las madres trabajadoras, y
legislando la prohibición de que éstas sean despedidas en el primer año posterior al
parto. Defenderemos que la UE obligue a los Estados miembros a mejorar las redes de
guarderías, y que se aumenten los permisos de paternidad de modo sustantivo.
Impulsaremos políticas que tiendan a la homogeneización de las prestaciones sanitarias
de los ciudadanos europeos.

16. De acuerdo con el concepto de Ciudadanía Europea, apoyamos la igualdad de
los ciudadanos europeos con discapacidad. Entendemos que la Unión Europea debe
asegurar la protección de los derechos de todos sus ciudadanos y luchar activamente
contra la discriminación, por lo que trabajaremos para:

· que se apruebe una Directiva Europea sobre igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad en
todos los ámbitos.

· que se promueva y supervise la ratificación y aplicación de la Convención
Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
por parte de los Estados miembros y de sus instituciones.

· que la UE promueva y supervise el cumplimiento de la Declaración de Riga del
2006 (“Tecnologías de la Información y la Comunicación para una sociedad
inclusiva”), para avanzar en la accesibilidad a la sociedad de la información.
Además, apoyaremos la iniciativa “Capital Europea de la Accesibilidad
Universal”, que servirá para fomentar la cultura de la accesibilidad universal en toda
Europa. De poco sirve a las personas con movilidad reducida, o con alguna
discapacidad, la libertad de circulación como ciudadanos europeos si, cuando llegan a
una ciudad, encuentran barreras de todo tipo que limitan su libertad de movimiento.